Europa Laica exige que se acabe con los privilegios económicos de la Iglesia Católica

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El debate no es nuevo pero la situación actual de recortes generalizados hace que tenga más vigencia aún e, incluso, lo recrudece. Más de 11.000 millones de euros calcula Europa Laica que recibe anualmente del Estado la Iglesia Católica. Una inversión millonaria con la que, desde la organización que preside a nivel nacional Francisco Delgado, estiman que se podrían construir 5.000 escuelas públicas en las que podrían matricularse 2,5 millones de niños.

Esta cantidad supone además un 1% del Producto Interior Bruto (PIB). Mientras, denuncian que el ámbito educativo ha sufrido recortes por un importe global de 6.000 millones de euros. Idéntica cantidad a la que el Gobierno ha reducido la partida dedicada a prestaciones por desempleo.

Son sólo algunos de los múltiples datos que Delgado puso sobre la mesa en el Ateneo de Albacete en el inicio de la semana de Europa Laica dedicada a “crear un espacio de debate y diálogo relacionado con la libertad de conciencia y la laicidad de las instituciones”.

La ley y los privilegios económicos y tributarios de la Iglesia Católica y de otras confesiones fue el tema que centró la primera de estas mesas redondas. Junto al propio Delgado participaron como invitados la concejal y portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Albacete, Victoria Delicado, y el secretario provincial de Organización del PSOE, Santiago Cabañero. Desde ambas formaciones se mostraron a favor del laicismo, si bien ello no evitó que la política llevada a cabo en este ámbito por los socialistas en sus años de gobierno fuese objeto de crítica. En concreto se les responsabilizó de no haber hecho lo suficiente para eliminar los privilegios de los que goza la Iglesia Católica.

IRPF

Desde Europa Laica reiteraron una vez más la importancia de la campaña contra la financiación de la Iglesia Católica a través del impuesto de la Renta. Campaña que pasa por conseguir que los ciudadanos no marquen en el declaración de este año la casilla de aportación a la Iglesia ni la de fines sociales. Ya el año pasado más del 65% de los contribuyentes no marcaron la casilla de la Iglesia. Algo que, en opinión de Delgado, debe invitar a que se haga una profunda reflexión al respecto.

El presidente de Europa Laica defendió que marcando la casilla de la Iglesia Católica “se quebranta el principio constitucional de igualdad ante la ley, se discrimina por razón de convicciones y creencias y se vulnera el principio constitucional que expresa que ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

Otro de los privilegios de los que goza la Iglesia, en opinión de Europa Laica, es la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) así como de otros impuestos estatales y locales. Situación ésta que provoca, según las cábalas de la movimiento laicista, que el erario público deje de ingresar cada año unos 2.500 millones de euros. Esta exención se permite como consecuencia de los acuerdos de 1979 con la Santa Sede. Acuerdos cuya anulación, además de la del Concordato de 1953, exigen que se lleve a cabo.

Desde Europa Laica insistieron en que las confesiones religiosas deben autofinanciarse y pagar impuestos. Además defienden que en caso de que reciban alguna ayuda pública sus cuentas anuales y bienes se incluyan en la futura Ley de Transparencia. Se quejan de que frente a la delicada situación que atraviesa el conjunto de la ciudadanía, la Iglesia no sufre crisis alguna y disfruta, además, de un paraíso fiscal.

Las iniciativas de Europa Laica para tratar de evitar que se mantengan los privilegios actuales no terminan ahí. Otra de las campañas que están promoviendo, junto a otras organizaciones, se centra en conseguir que la institución religiosa no pueda matricular bienes públicos a su nombre, bajo el amparo de la Ley Hipotecaria. El ejemplo más ilustrativo al respecto es el hecho de que la Iglesia inscribiese en el Registro de la Propiedad a su nombre en el año 2006, y por sólo 30 euros, la Mezquita de Córdoba. Consideran que el Estado no debería permitir que se usurpen bienes públicos.

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