¡Sí se puede!

Nos dicen que no hay dinero, que los recortes y la mal llamada política de austeridad, es imprescindible, que no les gusta, pero que no hay más remedio que hacer lo que hacen, porque no hay alternativas. Vamos a ver solamente algunas pinceladas sobre esta mayúscula mentira. Desde que empezó la actual crisis, el importe total de ayudas públicas en España al sector financiero es de alrededor de 600.000 millones de euros. Para rescatar a los bancos de sus desmanes, fechorías y sirvengozonerías, sí hay dinero. Ese ‘rescate’ con dinero público es ilegítimo. El pueblo, los ciudadanos no hemos podido opinar ni decidir sobre él y en ningún programa electoral estaba contemplado.

Según los inspectores de Hacienda, el fraude fiscal en nuestro país es de unos 90.000 millones de euros al año, de los que 65.000 millones al año lo defraudan los bancos, las grandes empresas y las grandes fortunas, que se llevan ese dinero y mucho más a los paraísos fiscales, para especular con él y sin crear ni un solo puesto de trabajo. Sin embargo, los responsables del Ministerio de Hacienda, en vez de investigar a esos defraudadores y delincuentes, les premian con una amnistía fiscal y ordenan que el grueso de las inspecciones se sigan haciendo a particulares, autónomos y pymes. España es el país de la Unión Europea (junto a Irlanda, Portugal y Grecia), que menos ingresos fiscales hay y son precisamente en estos países donde las grandes fortunas, los bancos y las grandes empresas menos dinero pagan y sin embargo son los trabajadores los que pagan cada vez más.

Hay otra gran estafa que nos están haciendo. Cada Estado pone dinero (que es de cada uno de nosotros y nosotras) en el Banco Central Europeo (BCE). El BCE no le presta dinero al estado español (ni a ningún estado) y si le presta dinero (que es nuestro) a los bancos privados, actualmente al 0’5% de interés y los bancos privados prestan dinero al Estado Español, cobrándonos el 4, 5 o 6% de intereses. La deuda que actualmente tiene España con la banca privada nos obliga a pagarles 40.000 millones de euros, solo de intereses, en 2013. Negocio redondo.

Y más redondo aún, después de la modificación de la Constitución en el verano de 2011, tras un pacto relámpago entre Zapatero y Rajoy, a espaldas de la ciudadanía, en el que en el nuevo artículo 135 se establece que el pago de los intereses y del capital, por parte de la Administración Pública a los bancos «gozará de prioridad absoluta». Es decir los bancos son elevados por encima del derecho a la sanidad, la educación, los servicios sociales, la ayuda a los parados, a las personas dependientes…, en definitiva por encima de las personas y de cualquier servicio público.

¿Porqué el Banco Central Europeo no presta dinero directamente a los estados que lo necesitan? Está clarísimo, porque son los grandes poderes financieros quienes realmente dictan lo que hay que hacer, en beneficio de sus exclusivos intereses, y hay gobiernos que solo son meros instrumentos a su servicio. Lo que están haciendo quienes nos gobiernan es transferir escandalosamente dinero público (que es de todos) a los bancos, haciendo, además, los recortes a todos los niveles que esos mismos bancos exigen, con la consiguiente pérdida de derechos políticos, sociales y laborales y de servicios públicos. Y para hacer lo que hacen, nos están engañando constantemente con unas previsiones que nunca se cumplen y todas las medidas que han adoptado han fracasado para los objetivos que nos dicen que quieren conseguir, ocultándonos las verdaderas razones.

Estamos ante una situación de auténtica emergencia nacional. Estamos en manos de gobernantes inútiles para solucionar las causas que provocaron esta crisis. Y sin resolver las causas, las consecuencias son dramáticas para millones de personas. Las medidas de austeridad y recortes que están haciendo con esta política neoliberal, de no ser atajadas, nos conducirán a una pobreza del 40% de la población en los próximos diez años, es decir unos 18 millones de personas. Actualmente la pobreza en España es del 27%, más de 12’5 millones de personas. Y todo esto se está haciendo bajo la directriz y con el consentimiento de quienes tienen el poder y los medios para evitarlo: el FMI, BCE, BE, Comisión Europea y Gobiernos).

Si no se cambia de política, las consecuencias nos están llevando a un gran retroceso social y económico, del que podemos se puede tardar, un mínimo, de entre 20 y 30 años, para recuperar los niveles de bienestar alcanzados antes de la crisis y sin ninguna garantía de la recuperación de todos los derechos eliminados. Ideológicamente pretenden imponer una salida de la crisis, manteniendo y a ser posible aumentando los privilegios de unos pocos, para que sigan amasando enormes fortunas, a costa del empeoramiento de las condiciones de vida de la inmensa mayoría.

Hay otras soluciones, hay alternativas. Hay que restablecer la primacía de las personas y de la política sobre las finanzas. Acabar con la dictadura y la dominación de los poderes financieros. Además de prestigiosos economistas críticos con el actual sistema, son también los inspectores de Hacienda quienes dicen que todas las barbaridades que se están haciendo no solo no son necesarias, sino que son dramáticamente injustas, puesto que con algunas medidas que proponen, se pueden incrementar los ingresos del Estado en más de 65.000 millones de euros al año. Pero hace falta la voluntad política de hacerlo, levantarse y dejar de ser sumisos y estar de rodillas ante quienes desde centros de decisión no democráticos, están imponiendo sus soluciones al conjunto de la sociedad para consolidar y aumentar sus privilegios. Y si quienes nos gobiernan continúan siendo títeres, siguen sin tener esa voluntad política y nos encaminan al precipicio (más paro, miseria, hambre, pobreza, aumento de las desigualdades, etc.), el pueblo tiene derecho de rebelarse pacíficamente contra leyes injustas e ilegítimas.

Frente a estas políticas neoliberales, el único camino es el que ya se está recorriendo y que hay que ampliar y consolidar: la organización de la ciudadanía, la movilización en la calle, ejerciendo los derechos que aún nos quedan, oponerse con todas nuestras fuerzas unidas, decir «basta ya» e impulsar otras políticas alternativas que nos devuelvan nuestros derechos a una vida digna, a un trabajo y a una vivienda en condiciones, a una política industrial activa y volcada en la investigación y en la innovación, a una igualdad real ante la justicia y el fisco, a un sistema educativo y sanitario público y de calidad, a unas políticas sociales que garanticen el bienestar colectivo, a una transformación, en última instancia, del actual modelo económico y social que permita una sociedad más cohesionada, justa y solidaria.

Igualmente de imprescindible es ir tejiendo unitariamente una alternativa social, económica y política, para hacer frente a la terrible ofensiva de los poderes financieros y de los gobiernos obedientes a sus exclusivos intereses, que actúan contra el bienestar social y la dignidad democrática de la ciudadanía y siente las bases de un nuevo modelo económico de producción y de consumo. Al mismo tiempo que una gran y permanente movilización en la calle, hace falta una alternativa electoral para conseguir, también, una mayoría en la representación política en todas y cada una de las Instituciones (Ayuntamientos, Diputaciones, Parlamentos Autonómicos, Congreso de los Diputados y Senado) para legislar y gobernar a favor de los que menos tienen, de las capas populares de la sociedad, de los autónomos, de los pequeños y medianos empresarios, de la inmensa mayoría y no a favor de unos pocos, que tienen secuestrada a la política y a la democracia para sus exclusivos intereses y privilegios, a costa del resto de la sociedad.

Articular esa mayoría social y política, es absolutamente necesaria. Millones de trabajadores y trabajadoras (activos o desempleados), jóvenes, mujeres, jubilados y pensionistas, autónomos, pequeños empresarios y otros muchos sectores de la sociedad, estamos huérfanos actualmente de una referencia política distinta, que sea una alianza cimentada con un gran protagonismo de «los de abajo» en la elaboración de un proyecto común, para dotarnos de las alternativas que la inmensa mayoría de la ciudadanía reclama para las necesarias transformaciones hacia una sociedad plenamente democrática y participativa.

¡Sí se puede!

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