Editorial: Por una mejor gestión

Fue uno de los titulares del día: la presidenta de Castilla-La Mancha aseguraba el viernes, en el Día de la Región, que «no se va a privatizar ningún hospital». Una respuesta tajante que sin embargo matizó María Dolores de Cospedal: no se va a renunciar «a modernizar los modelos de gestión» de los centros que señaló al principio de la legislatura, los hospitales de Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso.

En un contexto en el que las administraciones públicas sufren la caída de la recaudación, efectivamente es necesaria la reorganización de los servicios públicos para que ni un céntimo del contribuyente se desperdicie. Centrales de compras, planificación de recursos, eficiencia… Todo pequeño grano de arena suma para este fin. Pero, ¿contribuye de igual manera la gestión público-privada de los hospitales al ahorro de dinero público? El famoso hospital de Alzira, el primero de este modelo en España y que ha tenido que reformularse varias veces desde que se creara en 1998, acumula 26 millones de euros de beneficio desde 2003.

Pero el área de influencia de este hospital, alrededor de 250.000 personas, es muchísimo mayor que la de cualquiera de esas cuatro localidades manchegas. El centro de Alzira ha conseguido atraer pacientes de otras áreas, lo que le supone un ingreso extra por parte de la Comunidad Valenciana a la gestora. ¿Sería rentable para la concesionaria el hospital de una población de 20.000 habitantes, como Manzanares, o tendrían que recibir un aporte extra por parte de la Junta por realizar un servicio público? Son preguntas sin respuesta todavía, al menos hasta que se conozcan los términos de la cesión de la gestión.

Más allá de la rentabilidad, hay que preguntarse si es ético que una empresa privada obtenga beneficios al ofrecer un servicio público. Si un hospital público-privado obtiene un mayor rendimiento, necesariamente uno público puede hacerlo, siempre que no sea a costa de disminuir los salarios de los trabajadores. Y si se obtiene ese beneficio, se podría reinvertir en el sistema público: así el dinero de los impuestos de los ciudadanos acabaría de nuevo en la sociedad, en vez de en los accionistas de una empresa.

Para que el Estado del Bienestar siga existiendo, debemos dejar de permitir la impunidad y el despilfarro en los recursos públicos. Esta crisis económica y social debe servir para un cambio de modelo, sí, pero en el sentido contrario al que apuntan los políticos: obliga a que sean las administraciones las garantes sin concesiones de una sanidad tantas veces calificada como ‘la mejor del mundo’. Si los gobernantes repiten que el sector privado supone ahorro de varios millones de euros, significa que algo están haciendo mal ahora.

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