Frente común contra la privatización de la Justicia y los despidos masivos

  • Los principales sindicatos auguran que la privatización de los Registros Civiles podría eliminar 12.000 empleos

  • Denuncian «una estrategia de asfixia para favorecer a determinados colectivos profesionales como registradores y procuradores»

justicia, tribunales, privatización, jueces, sindicatos, AlbaceteEn la línea emprendida por el Gobierno con los servicios públicos como la Sanidad o la Educación, la reforma de la Justicia no iba a quedar atrás. Por eso, apuntan desde los sindicatos, el ministro del ramo, Alberto Ruíz-Gallardón, «ha decidido atajar los retrasos y el mal funcionamiento de la Administración de Justicia impidiendo a los ciudadanos que accedan a la tutela judicial», detalla el responsable del sector de Justicia Provincial de Comisiones Obreras, Juan Pedro Miranda. Junto a CCOO, CSI-F aboga también por el mantenimiento del carácter de servicio público de la Administración de Justicia y contra la privatización. «Exigimos el respeto a la dignidad de los funcionarios de Justicia, de su trabajo, de su capacidad potencial, formación y experiencia, y de su naturaleza y funciones», explica Francisco García, del sindicato CSI-F Albacete. Ante las reformas ya realizadas y las proyectadas por el Ministerio de Justicia «entendemos que tienen el propósito de privatizar parte del servicio público de la Administración de Justicia», apunta el representante de CCOO.

Primero fueron las tasas judiciales. Medida que ha provocado una disminución cercana al 20% de asuntos civiles y contencioso-administrativos en los Juzgados y Tribunales del país, pasando de 278.943 asuntos registrados en el primer trimestre del año 2012 a 223.464 registrados en el mismo periodo de este año, según datos del Consejo General del Poder Judicial. «En un solo trimestre, alrededor de 55.000 ciudadanos han sido disuadidos por Gallardón y han dejado de acudir a los tribunales de justicia, en la mayoría de los casos, por no poder hacer frente a las tasas», explica Juan Pedro Miranda. Aún así la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha tomado la decisión de no exigir a los trabajadores, beneficiarios de la Seguridad Social, funcionarios o personal estatutario, el pago de tasas para la tramitación de los recursos de suplicación o de casación ante la jurisdicción social. «Decisión que viene a reconocer el esfuerzo de la Plataforma Justicia para todos en su denuncia del proyecto elaborado por el ministro de Justicia», apunta el representante de CCOO. En demanda de la supresión de tasas, recuerda, se recabaron 250.000 firmas, el Tribunal Supremo hizo suya la petición y se está a la espera de la declaración de inconstitucionalidad.

Registros Civiles

Las actuaciones en los Registros Civiles tampoco están exentas de protesta. De unos servicios públicos que eran gratuitos y estaban desempeñados por personal funcionario de la Administración de Justicia, han pasado a tener que ser costeados por el ciudadano. Además, dos reformas en el seno de la Jurisdicción Contecioso-Administrativa y Voluntaria prevén retirar competencias a los tribunales encargados de tales funciones. Así, la reforma de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa prevé la creación de Comisiones Independientes para resolver los recursos administrativos de alzada y reposición, con el fin de evitar que lleguen a los juzgados y tribunales. Del mismo modo sucede con la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que traspasa a notarios y registradores de la Propiedad y Mercantiles competencias hasta ahora judiciales. Francisco García, de CSIF, denuncia «la estrategia de asfixia de medios que se está practicando con el objetivo claro de justificar la posterior privatización en favor de determinados colectivos profesionales (registradores, procuradores, etc)».

Para CCOO, además de saciar el «desaforado afán privatizador del Gobierno», las reformas planteadas ocultan además un plan de reordenación de recursos humanos que puede provocar el despido masivo de personal interino (unos 12.000 en la actualidad), y la movilidad geográfica forzosa de miles de funcionarios que trabajan en los Registros Civiles, en las sedes de los partidos judiciales o en los Juzgados de Paz que se pretenden suprimir con la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial. En la provincia de Albacete son 450 las plazas ocupadas por los funcionarios de la Administración de Justicia.

Frente común 

Ante lo que denuncian está siendo una «actitud prepotente del Ministerio para imponer su reforma», las organizaciones sindicales apuestan por la unidad de fuerzas. «Todos, incluidos jueces, fiscales y ciudadanos debemos crear un frente común por la defensa del Servicio Público de la Justicia y del empleo», señala Francisco García. Recuerda que en algunas Comunidades ya se plantean nuevos recortes salariales, recortes de plantilla y menoscabo a los derechos laborales. Frente a lo que parece un camino sin retorno liderado por el Gobierno, desean que la Administración de Justicia sea una prioridad para el poder político, permitiendo al Poder Judicial cumplir con su función constitucional sin injerencias.

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